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Preocupantes cambios en la ley del Retorno

Por: Álvaro Ruge, presidente de AESCO Colombia

 

Ha sido nuestro trabajo ya por doce años, motivados desde la axiología de AESCO COLOMBIA, plantear, justificar e impulsar la concreción y formulación de políticas públicas migratorias para darle marco jurídico a las migraciones colombianas en su necesaria gestión. Debemos reconocer sobre todo en el  legislativo la sensibilidad que tienen por ello y el trabajo leal que con varios parlamentarios en el senado hemos podido realizar.


Sobre todo, y últimamente, con el partido de la U, especialmente con el representante Juan  Carlos Martínez  Gutiérrez, quien se ha echado al  hombro el trámite de la ley 1465, del Sistema Nacional  de Migraciones y luego el proyecto de ley 214 sobre incentivos tributarios y fiscales al retorno de colombianos en el  exterior, que finalmente aprobó la Cámara de Representantes.

 

Sin embargo, las esperanzas que teníamos puestas en este proyecto de ley empiezan a peligrar por cuenta de la ponencia del senador Juan Lozano, presidente -además- del Partido de la U. Su ponencia hace un recorte drástico a los logros alcanzados en la Cámara, en forma inexplicable e incoherente con  el  aporte que el  mismo partido hizo en la Cámara baja y que deseamos concretar,  así:

 

1. El  objeto  del  proyecto  no  solo  deben  ser los incentivos y exenciones tributarias,  ellas por si  solas no solucionan  la problemática ni  potencian  la oportunidad,  el  proyecto  debe ocuparse del  diseño  de los servicios a la población y a la determinación  de las condiciones mínimas para el  acompañamiento  integral continuado, aprovechando  el  trabajo  de red de todos los actores implicados. El  enfoque debe ser de migracion y  desarrollo.



2. Sin  ser asistencial, el  proyecto  debe crear una oferta institucional  de servicios de apoyo  y acompañamiento  integral  a la población, objetivo  en  la búsqueda de su  consolidación  económica y social con  vínculo  al  plan  de desarrollo. Defender y desarrollar derechos a través de la creación  de los servicios para la población en el  evento.

 

3. El  proyecto  debe incidir en  el ordenamiento  institucional  necesario,  que permita a los gobiernos locales y regionales el  trabajo  mancomunado  y ordenado,  para  asumir la gerencia de la política de retorno  y poder obrar con jerarquía y  propiedad frente a todos los actores en  los diferentes niveles de gobierno para no  duplicar actividad,  no  solapar programas y unificar las rutas de atención,  sumando  todos los recursos y capacidades  en  todos los escenarios de concertación y  negociación para el  efecto.



4. El  proyecto  debe promover el  desarrollo  local  y regional, por ello  debe facilitar la creación  y promoción  de instrumentos y medidas, tributarias,  fiscales y aduaneras  como de cofinanciación del  emprendimiento de los retornados y sus familias, sustentable  que acopie  para ello  todos los recursos dispersos incluso  el  ahorro  de remesas laborales, bajo  la dirección  de la malla institucional  regional y por ello  con  nexo  a los objetivos de plan de desarrollo  regional.



5. El  proyecto  debe habilitar a los gobiernos regionales para que puedan  intervenir la problemática en  el  marco  de políticas publicas integrales migratorias y dotarlos de la capacidad de dialogo y capacidad de concertación  para obrar en  corresponsabilidad con  todos los niveles de gobierno  y todos los escenarios de concertación necesarios.

 

Para conocer el informe que AESCO ha elaborado y remitido al Congreso pulse aquí.

 

Foto: Kei Kondo

 

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