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Denuncian incumplimiento de Colombia con sus migrantes

Se presentó a la ONU un informe que prueba que desatiende a sus migrantes.

 

El trabajo realizado por los abogados estudiantiles Ernesto Daniel González, Aimee Mayer, y Anita Sinha - pertenecientes a la American University Washington College of Law, y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali - demuestra que Colombia no cumple con sus obligaciones. Ni con los ciudadanos que residen en el exterior, ni tampoco con aquellos que regresaron.

 

Todo a pesar que es un Estado que forma parte a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Por tal motivo el próximo lunes 15 de abril 2013, se presentará este informe ante el Comité de los Trabajadores Migratorios de la ONU con impactantes datos. El Ministerio de Relaciones Exteriores estima que la población de colombianos en el exterior se acerca a 4,7 millones. La mayoría reside en los Estados Unidos y España (34,6% y 23,1% respectivamente).

 

Un sondeo realizado por el programa Colombia Nos Une en 2009 realizado en los consulados colombianos con mayor tasa de residentes demostró que el 41 por ciento de éstos tenían intenciones de regresar a su país. Aunque Colombia ha creado programas con la apariencia de resolver estos problemas y cumplir con sus obligaciones, la realidad es que no ha sido suficiente. Por ejemplo, el Plan de Retorno Positivo - utiliza una red de orientación y referencia llamada Centros de Referencia y Orientación para Retornados del Exterior (CRORE) - que ofrecen varios servicios con el propósito de facilitar la reintegración de los colombianos retornados. Estos centros no han recibido ningún aporte significativo los gobiernos regionales y locales, tan sólo una ayuda mínima del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

En la encuesta realizada por los abogados estudiantiles Ernesto Daniel González, Aimee Mayer, y Anita Sinha se ha diagnosticado en las respuestas de colombianos residentes en diez Estados estadounidenses, sólo una persona mencionó haber escuchado sobre la existencia de estos programas. Nadie había recibido los beneficios de dichos servicios.

 

Ante esta situación los abogados González, Mayer, y Sinha proveerán de las siguientes recomendaciones al gobierno de Colombia para poder cumplir con sus obligaciones bajo la Convención:

 

(1)Pensar en la migración como una oportunidad de desarrollo mutuo, y no como una amenaza.

(2)Optimizar la difusión de información sobre los programas para colombianos en el exterior. (3)Mejorar la transparencia de los programas para migrantes en el exterior y para los repatriados.

(a)El Ministerio de Relaciones Exteriores debe publicar un informe anual con cifras sobre la cantidad de migrantes saliendo y retornando del país, y el número de colombianos que han recibido asistencia a través de los programas para migrantes.

(b)El Presupuesto para los programas para los repatriados y los migrantes debe ser más transparente.

(4)Repartir más recursos a los CRORE y los otros programas para los retornados en Colombia y asegurar que se gastan estos recursos en una manera apropiada.

 

Esta es la transcripción del discurso de presentación de los abogados:

 

Buenos días. Mi nombre es Aimee Mayer y quien me acompaña es mi colega, el Sr. González. Somos abogados estudiantiles en la Clínica de la Justicia del Migrante en la facultad de derecho en American University. Nuestra clínica trabaja en una variedad de casos relacionados con migrantes de todo el mundo. Redactamos el informe que entregamos a este Comité con abogados estudiantiles de la clínica jurídica en la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Colombia.

 

Tuvimos la oportunidad de entrevistar migrantes colombianos ambos mientras estaban en los Estados Unidos y después de haber regresado a su país de origen. También compilamos el análisis legal que encontrarán en el informe escrito. Además, trabajamos de cerca con una organización no gubernamental llamada AESCO. La misma trabaja en las temas de migración y desarrollo y tiene presencia en España, Ecuador, el Reino Unido, Perú y Colombia.

 

Hoy, nos gustaría subrayar algunas cuestiones. Primero, yo hablaré de las obligaciones de los Estados partes hacia los trabajadores en el exterior. Mi colega después hablará de la repatriación. Específicamente, él se referirá a las medidas que Colombia ha adoptado para ayudar a los ciudadanos colombianos que regresan después de haber trabajado en el exterior y al fracaso su gobierno en implementar estas medidas. Concluiremos nuestra presentación con una lista de sugerencias que ayude Colombia a cumplir con sus obligaciones bajo la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

 

En Colombia, y probablemente otros países que emiten grandes cantidades de migrantes, una duda de parte del gobierno en aceptar que tantos de sus ciudadanos migran en búsqueda de mejores oportunidades en el exterior. El gobierno duda aceptar esta realidad porque significaría reconocer que ha fracasado a la hora de proveer un nivel de desarrollo económico suficiente. Esta duda lleva a programas poco financiados y subdesarrollados para los ciudadanos en el exterior. Sin embargo, Colombia tiene obligaciones bajo la Convención citada anteriormente hacia sus ciudadanos en el exterior. En el artículo 65 se declara que “ los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para atender . . . la migración internacional de trabajadores”. Estos servicios incluyen “ el suministro de información” relacionado a las leyes, políticas, y reglamentos de migración y empleo".

 

El mismo artículo también requiere que los Estados Partes provean “servicios consulares adecuados y otros servicios que sean necesarios para atender a las necesidades sociales, culturales y de otra índole de los trabajadores migratorios y sus familiares”. Se exige que provean estos servicios a los migrantes sin importar donde los migrantes viajan. La mayoría desconoce los programas del gobierno Colombia tiene una serie de planes que supuestamente proveen apoyo a los ciudadanos colombianos que residen en el exterior. Mientras estos programas supuestamente existen en los Estados Unidos y otros países de destino, nuestras investigaciones indican que la mayoría de migrantes colombianos no han escuchado nunca de estos programas, ni menos han recibido ningún beneficio.

 

Colombia, entonces, no ha cumplido con este mandato porque ha fracasado a proveer información y asistencia a los migrantes colombianos en países como los Estados Unidos. Aunque hay muchas causas, una sin duda es la falta de estadísticas gubernamentales. Dicha falta de estadísticas sobre migración dificulta que el gobierno sirva adecuadamente las necesidades de los trabajadores migratorios porque carece de información certera sobre la cantidad de personas en el exterior. Hay una financiación inadecuada para estos programas que han fracasado. El ministro de Relaciones Exteriores estima que el número actual de colombianos viviendo en el exterior es aproximadamente 4,7 millones.

 

La mayoría residen en los Estados Unidos o España, y muchos buscan regresar a su país. Colombia ha creado algunos planes para enfrentar el flujo de migrantes y asistirles en reajustar a la vida en su país nativo. Estos programas tienen la intención de proveer la reintegración social, el éxito económico, y la garantía de derechos pero sin embargo… No han sido efectivos. Por ejemplo el gobierno ha expandido los centros de referencia y orientación para los retornados (llamados CRORE) conforme a la Ley 1465. Estos centros supuestamente proveen una serie de servicios que incluyen entre otros, atención médica, kits higiénicos, evaluaciones laborales y reinserción en el mercado laboral. Sin embargo, hay problemas. Según AESCO, los CRORE tienen deficiencias serias con respeto a los recursos y la gerencia. El gobierno a nivel local y regional no ha proveído apoyo, y la ayuda del Ministerio ha sido mínima. Por ejemplo, las sedes en Cali y Pereira a partir de abril 2012 no tenían oficiales nombrados y la sede en Bogotá apenas funciona. Además, la mayoría de los fondos para los CRORE se usa para nóminas y costos administrativos, y no para los beneficios reales que el programa pretende.

 

Concluimos que Colombia no ha tomado los pasos necesarios para proteger los derechos de sus trabajadores migratorios. Aunque Colombia ha promulgado varias leyes que intentan abordar este asunto, incluyendo las Leyes 1465 y 1565, no se han implementado efectivamente.

 

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